D. Carlos del Álamo Jiménez, presidente del Instituto de la Ingeniería de España ha escrito un artículo de opinión sobre sobre la situación industrial actual de España, que se ha publicado recientemente en el periódico económico Cinco Días.

Desde ASIAN queremos compartir este interesante reflexión, ya que el sector de la ingeniería se muestra preocupado a raíz de los últimos datos estadísticos que reflejan una progresiva disminución del peso de la industria en el conjunto de la economía y el abandono del interés hacia el sector.

«Tanto la Comisión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la vista de la progresiva disminución del peso de la industria en el conjunto de la economía y el abandono del interés hacia el sector, han hecho hincapié en los últimos años en la importancia de recuperar el sector industrial en la economía de los países avanzados como prioridad de las políticas públicas. El objetivo de la Unión Europea era que el sector industrial alcanzara el 20% del producto interior bruto en 2020.

Hoy, más que nunca, necesitamos pactos y acuerdos sólidos de todos los agentes económicos y sociales para defender nuestra industria, que nos ayuden a afrontar las nubes negras que se ciernen sobre la industria del noroeste de España, aviso de la tormenta total, esperemos que no definitiva, que está a tenor de todas las previsiones por llegar, y ante la que se deben tomar medidas para evitar una desindustrialización que afectaría a un importante número de empleos de calidad que aportan estabilidad y riqueza al territorio.

Alcoa y Ferroatlántica, Arcelor y el resto de las metalúrgicas, las centrales térmicas de As Pontes y Meirama (A Coruña) o buena parte sector naval se encuentran en el ojo del huracán de una crisis que amenaza con destruir miles de empleos y arrastrar con ella a decenas de empresas.

También Ence Pontevedra, pendiente de la decisión judicial sobre su concesión, se ha unido a este cada vez más numeroso grupo de industrias en riesgo. Pero el caso de Ence e incluso el de las conserveras situadas en el litoral, afectadas por un cambio en la normativa de costas, es especial, ya que su posible cierre viene provocado por políticas cambiantes y ausencia de estabilidad regulatoria y no por su falta de rentabilidad o incumplimiento legal de ningún tipo.

Estas empresas tienen otra cualidad y es que la materia prima que utilizan es autóctona y se produce en el propio territorio. Son miles de propietarios de montes, selvicultores, pescadores o mariscadores los que se verían afectados, además de todo el sector auxiliar correspondiente.

Los argumentos ambientales de carácter valorativo y subjetivo para adoptar esas decisiones chocan de plano con la realidad de la medida de los parámetros que han demostrado cumplir, de acuerdo con sus autorizaciones ambientales, además de tener que competir con el indudable y salvaje dumping medioambiental de muchos otros países industriales del mundo.

Las consecuencias supondrían una fuerte pérdida de empleo rural, abandono del monte, más riesgo de incendios y una oportunidad perdida para luchar por el futuro de lo que hoy se denomina la “España vaciada.”

Los agentes socio-económicos son conscientes de todo lo que está en juego y de la cantidad de riqueza y empleo que esta riada se puede llevar por delante, y las manifestaciones de los trabajadores han puesto en evidencia estos riesgos. Crece la preocupación por el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero también, y cada vez más, por el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Estas preocupaciones tienen soluciones compatibles entre sí y no tienen por qué ser opuestas. Se impone una industrialización sostenible y circular, dependiente lo menos posible de energías fósiles, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que son perfectamente adaptables y alcanzables con las nuevas tecnologías ya disponibles.

En resumen, el sector industrial mantiene y crea empleo de alta cualificación, un empleo más estable, salarios más altos, cuenta con una mayor productividad e impulsa las exportaciones.

Para su defensa, el Instituto de la Ingeniería de España, junto con los colegios de ingenieros y el apoyo del Consejo General de Colegios de Economistas, ha promovido un pacto de Estado por la industria con los representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales que ha tenido el apoyo de los últimos Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, sobre la base de crear más empleo y de mejor calidad, mayor estabilidad del sistema económico, mejor comportamiento frente a las crisis y una mayor interacción y potenciación de las áreas de investigación y tecnología».

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