El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur ha expresado este miércoles su «más rotundo apoyo a todos los profesionales técnicos de la Administración minera, en especial a los colegiados ingenieros de Minas que forman parte de ésta, desde el convencimiento de su correcta actuación en el ejercicio ordinario de sus funciones administrativas», tras advertir de que «el recurso al Código Penal desprotege al funcionario del razonable manto de defensa que siempre le ha otorgado el régimen administrativo».

Según ha manifestado el Colegio en un comunicado, se ha pasado de considerar el acto administrativo como una proyección del trabajo de la Administración a «centrar la acción contra la persona física«, por lo que el funcionario se ve «acusado de un delito con afección a su patrimonio, reputación profesional y personal, y grave e irreparable coste para el mismo y para su familia, solo por el velo de la duda y la desconfianza que genera la propia querella con admisión a trámite por un órgano judicial, y la difusión y publicidad de la misma».

La organización colegial ha trasladado a la Administración minera que «muestren un apoyo más firme a sus funcionarios en general, y a los técnicos involucrados en procesos penales como consecuencia del ejercicio ordinario de sus funciones en particular, tanto de modo público, como dirigiéndose a los órganos judiciales de la jurisdicción penal que participan en los procedimientos».

«Creemos imprescindible una normativa que proteja a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones y potestades públicas, de acusaciones penales derivadas de su actividad propia, debiendo descansar esa responsabilidad en el normal funcionamiento de la Administración», ha argumentado el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur.

El Colegio de Ingenieros de Minas del Sur ha sostenido que «la actividad minera es imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad, y el uso de minerales está detrás de todas las facetas de nuestra vida diaria: vivienda, infraestructuras, comunicaciones, electrodomésticos, ordenadores y móviles. También las modernas tecnologías médicas, así como las energías renovables y la electro-movilidad dependen del abastecimiento de determinadas sustancias por parte de la industria extractiva».

«En el caso de Andalucía, estas funciones cobran especial relevancia en una época como la actual, donde se pretende aprovechar su potencial minero para la atracción de inversiones, la generación de empleo cualificado de calidad y duradero, el desarrollo tecnológico y la innovación, de forma segura, sostenible y respetuosa con el medio ambiente», ha apuntado el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur.

FUENTE: EUROPA PRESS